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Las obras y sus consecuencias para los guajiros, construir la represa

En 2006 comienzan las obras con una primera emergencia ambiental: cuando se lavó el túnel de desvío para la realización de obras asociadas con la represa, el agua se contaminó con productos químicos y estructuras de hierro ocasionando la muerte de más de 3.000 peces, lo cual se atribuyó a que la Unión Temporal La Guajira (UTG) no cumplió las recomendaciones del plan de manejo ambiental.

Así mismo en 2010, cuando se entregaron las obras, Colombia enfrentó el fenómeno de La Niña, que trajo consigo fuertes lluvias y crecientes de los ríos, entre esos el Ranchería, lo que anticipó el llenado del embalse en 4 meses, cuando estaba previsto que ocurriera en 2 años.

Al respecto, la Contraloría señaló que el llenado anticipado causó serios impactos ambientales y socioeconómicos, incluyendo la inundación de comunidades que ni siquiera se habían contemplado dentro del área de influencia del proyecto, como las comunidades de Caracolí, Piñón y Piñoncito.

A estos incumplimientos en las obligaciones de la Licencia Ambiental se le suman otros relacionados, como la falta de coordinación con las autoridades indígenas para el levantamiento de hallazgos arqueológicos y sitios de pagamento, la no compensación y mitigación de los efectos atribuidos al aprovechamiento forestal; además de la omisión en la implementación de acciones para facilitar la subienda de los peces, pues no habían estructuras que lo permitieran.

Pese a que estos incumplimientos se hicieron evidentes desde 2010, la autoridad ambiental no tomó acciones efectivas sancionatorias o la suspensión de la Licencia Ambiental con miras a evitar la prolongación de los impactos en el tiempo.

Para los Wayúu, lo que prometía ser esperanza se convirtió en muerte, pues después de la construcción de la represa los caudales del agua superficial y subterránea disminuyeron intensificando los efectos de la extrema sequía que se experimenta en sus territorios, aquejados por otras actividades impulsadas desde el Gobierno nacional, todo lo cual tiene al borde de la extinción a una de las comunidades indígenas más numerosas del país.

Para los pueblos de la Sierra, factores como el desconocimiento tanto de sus territorios ancestrales –incluida la Línea Negra (contemplada desde 1973)– como de su sistema organizativo– que asume las decisiones de los cuatro pueblos desde el Consejo Territorial de Cabildos y no como pueblos separados.

Además, no se incluyeron dentro del área de influencia directa por parte del ejecutor del proyecto –de la cual debía apersonarse la autoridad ambiental– contribuyeron a la vulneración de sus derechos a la participación, amenazando la integridad de los territorios sobre los cuales fundamentan su subsistencia y referentes culturales.

Desde un principio, el “Proyecto río Ranchería, distrito de riego río Ranchería, San Juan del Cesar, La Guajira” se definió como un proyecto estratégico y multipropósito que incluyó la represa El Cercado. Sin embargo, frente a la continuación de las siguientes fases, el Gobierno nacional ha manifestado que no dispone de recursos, lo cual llevó a que la Contraloría General de la República estimara en 2018 un detrimento patrimonial de 637.369 millones de pesos colombianos.

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