El tribunal del Distrito Sur de la Florida ordenó la confiscación de otros activos valorados en más de US$330 mil pertenecientes al ex tesorero chavista después de una solicitud presentada por la Fiscalía.
Alejandro ‘El Tuerto’ Andrade, a pesar de estar en libertad tras colaborar efectivamente con la justicia estadounidense en varios casos de lavado de dinero realizado por un gran número de funcionarios y empresarios ligados al régimen venezolano, sigue recibiendo castigos por parte de la justicia estadounidense.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, confiscó una serie de activos al ex tesorero atendiendo una solicitud presentada por la fiscalía. Los activos suman el monto de US$335.882,46.
Juan Antonio González, Fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Florida, presentó ante el tribunal una Moción para una orden final de confiscación en contra de ‘El Tuerto’.
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Justicia estadounidense sigue decomisando propiedades a ‘El Tuerto’ Andrade
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23 julio 2022- PorCoordinador Primer Informe
Justicia estadounidense sigue decomisando propiedades a ‘El Tuerto’ Andrade
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El tribunal del Distrito Sur de la Florida ordenó la confiscación de otros activos valorados en más de US$330 mil pertenecientes al ex tesorero chavista después de una solicitud presentada por la Fiscalía.
Redacción | Primer Informe
Alejandro ‘El Tuerto’ Andrade, a pesar de estar en libertad tras colaborar efectivamente con la justicia estadounidense en varios casos de lavado de dinero realizado por un gran número de funcionarios y empresarios ligados al régimen venezolano, sigue recibiendo castigos por parte de la justicia estadounidense.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, confiscó una serie de activos al ex tesorero atendiendo una solicitud presentada por la fiscalía. Los activos suman el monto de US$335.882,46.
Juan Antonio González, Fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Florida, presentó ante el tribunal una Moción para una orden final de confiscación en contra de ‘El Tuerto’.
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El gobierno dijo que el 5 de abril del 2022 el Tribunal emitió una Segunda Orden Preliminar de Decomiso contra Andrade por, entre otros activos, de $USD 184.690,97 restantes del anticipo del demandado en Colson Hicks Eidson P.A. También por aproximadamente $US 42.131,37 restantes en el anticipo del demandado en Grossman Young & Hammond, LLC. También solicitaorn el decomiso de aproximadamente US$89.952,15 restantes en el anticipo de Andrade en Stephen E. Kaufman, P.C.
Según el gobierno, el aviso del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días. Después se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación de la propiedad.
El gobierno dijo que el 5 de abril del 2022 el Tribunal emitió una Segunda Orden Preliminar de Decomiso contra Andrade por, entre otros activos, de $USD 184.690,97 restantes del anticipo del demandado en Colson Hicks Eidson P.A. También por aproximadamente $US 42.131,37 restantes en el anticipo del demandado en Grossman Young & Hammond, LLC. También solicitaorn el decomiso de aproximadamente US$89.952,15 restantes en el anticipo de Andrade en Stephen E. Kaufman, P.C.
Según el gobierno, el aviso del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días. Después se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación de la propiedad.
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El aviso realizaba una descripción de la propiedad y advertía que cualquier persona, menos el demandado que tenga interés en la misma, puede solicitar audiencia al Tribunal para adjudicar la validez del interés.
El gobierno advirtió que el plazo para presentar una petición reclamando un interés en la propiedad había vencido. De la misma forma alertó que una vez resueltas las peticiones de terceros y/o si no se han presentado peticiones a tiempo, «Estados Unidos tendrá un título claro sobre la propiedad que es objeto de la orden de decomiso y puede garantizar un buen título a cualquier comprador o cesionario posterior».
El gobierno dijo que el 5 de abril del 2022 el Tribunal emitió una Segunda Orden Preliminar de Decomiso contra Andrade por, entre otros activos, de $USD 184.690,97 restantes del anticipo del demandado en Colson Hicks Eidson P.A. También por aproximadamente $US 42.131,37 restantes en el anticipo del demandado en Grossman Young & Hammond, LLC. También solicitaorn el decomiso de aproximadamente US$89.952,15 restantes en el anticipo de Andrade en Stephen E. Kaufman, P.C.
Según el gobierno, el aviso del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días. Después se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación de la propiedad.
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El aviso realizaba una descripción de la propiedad y advertía que cualquier persona, menos el demandado que tenga interés en la misma, puede solicitar audiencia al Tribunal para adjudicar la validez del interés.
El gobierno advirtió que el plazo para presentar una petición reclamando un interés en la propiedad había vencido. De la misma forma alertó que una vez resueltas las peticiones de terceros y/o si no se han presentado peticiones a tiempo, «Estados Unidos tendrá un título claro sobre la propiedad que es objeto de la orden de decomiso y puede garantizar un buen título a cualquier comprador o cesionario posterior».
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El Fiscal González dejó claro que EEUU tiene derecho a conocer un título claro sobre la propiedad y así lo requirió ante el tribunal a través de una Orden Final de Decomiso.
El 1 de julio del 2022, Robin N. Roseberg, juez del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Florida, emitió la orden final de confiscación contra los bienes de Alejandro ‘El Tuerto’ Andrade.
El magistrado acogió los términos de la orden propuestos por el Fiscal González y ordenó hacer cumplir la ley a los funcionarios autorizados de llevarse e incautar la propiedad descrita.