El paro camionero en el país completó cuatro días generando, además de las incomodidades y tropiezos para el resto de usuarios de las vías y ciudadanos atascados en los bloqueos, graves impactos económicos para el país que no se hicieron esperar. 

Fenavi, la Federación Nacional de Avicultores, informó que no han podido llevar alimento a las granjas del centro del país y los Llanos Orientales, por lo que tienen problemas para el mantenimiento de 55 millones de aves, pero tampoco han podido transportar pollo y huevo para el consumo de los colombianos. Ya veremos hasta dónde podrán treparse los precios de estos alimentos básicos en la canasta familiar.

Y si por el lado de la producción avícola el panorama es preocupante, por la ganadera ya se calculan las pérdidas por $39 mil millones por los animales que no han podido movilizar y la leche cruda sin recolectar.

Y así cada sector de la economía está resintiendo las consecuencias de la falta de un acuerdo entre los transportadores y el Gobierno, cuyas posiciones están en orillas distantes. Como quien dice, cada quien en su raya mientras se sufre esta parálisis que afecta a 23 de los 32 departamentos del territorio nacional y que al comercio, estima Fenalco, le está generando alrededor de $240 mil millones diarios en pérdidas. 

Cinco aeropuertos del país, entre ellos los de Santa Marta y Cartagena, y varias ciudades, sobre todo la capital, Bogotá, están a pocos días de agotar sus reservas de combustibles.

Entre sumas y restas el golpe a la economía nacional por cuenta del paro camionero es de enormes proporciones. De hecho, el ministro de Hacienda aseguró que los bloqueos afectan más la inflación que el propio aumento del diésel, que es la manzana de la discordia que provocó esta crisis. 

Por donde se le mire, y aun a pesar de la mirada del presidente, quien no dudó en calificarlo como un paro empresarial y diferenciarlo del estallido social que su sector político capitalizó en 2021, el paro camionero requiere toda la atención y diligencia del primer mandatario, más allá de las gestiones de sus ministros. 

Pero no, qué va. En la noche del miércoles, cuando se esperaba que en la anunciada alocución presidencial el jefe de Estado tratara un tema “relevante”–¿quién podría imaginarse que hay algo más importante que buscarle una solución a lo que tiene paralizado medio país?–, el presidente Petro denunció la compra del software Pegasus para realizar interceptaciones ilegales, con dinero en efectivo que fue llevado en aviones, según él, durante el gobierno Duque y que fue adquirido a una empresa israelí. Denuncia de la que por cierto se viene hablando hace ya algunos meses. 

Tangencialmente, sobre el tema más crucial que tenía y tiene por resolver todavía, solo se limitó a decir: “Aunque se especuló que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece más preocupante. Ya tendré la oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado”.

Al menos este jueves el presidente lideró el consejo de seguridad para evaluar la situación. El último reporte informó que anoche había 227 actividades de protesta: 101 bloqueos permanentes, 108 bloqueos intermitentes y 18 concentraciones, en 165 municipios. El antiguo Esmad, hoy Undmo, ha intervenido 8 bloqueos.

En cuatro días de diálogos, los camioneros pidieron reversar el aumento del ACPM de $1.904 en el galón que comenzó a regir el sábado 31 de agosto. Luego el Gobierno contrapropuso congelar ese incremento y aplazar los dos previstos en 2025 mientras se analizaban otros aspectos como los fletes, pero los representantes del paro no aceptaron, y pidieron que el aumento fuera solo de $100. A lo que el Gobierno nacional formuló que se aumentara gradualmente $200 cada mes, es decir $800 hasta diciembre y el otro año se evaluaban los pasos a seguir. Aquí fijó su límite el Gobierno, pero los camioneros preparan una contrapropuesta a la espera de ser convocados otra vez a la mesa. 

Lo cierto es que lo fiscalmente responsable, y así lo han reconocido expertos, es que, como se hizo con la gasolina corriente, se cierre la brecha del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en lo que al ACPM se refiere, cuyo valor lleva 56 meses congelado. La pregunta es: ¿por qué no se habían ordenado los ajustes necesarios en los 24 meses que lleva este gobierno, que bien podrían haberse hecho de manera gradual? 

Por el bienestar de todos, lo deseable es que se produzca un acuerdo, más temprano que tarde, para poner fin al paro y evitar que el desastre económico que está causando se agudice y termine de sepultar todos los intentos de reactivación en el país. Una negociación requiere reconocimiento de las partes, para que el diálogo pueda fluir. Hay que bajar banderas, de lado y lado, y propender por el bien general, antes que cualquier cosa. 

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