En ajedrez existe una jugada que consiste en dejar una pieza del adversario inmovilizada. No es fácil torear la situación de clavada absoluta o relativa, ese es su nombre, porque si ella se mueve expone a otra pieza de mayor valor. Pues bien, así es como nos sentimos en Barranquilla y municipios del Atlántico, entre impotentes e indignados, en un auténtico callejón sin salida, tras conocer la más reciente resolución de Invías, la 2856 de 2024, revelada esta semana por EL HERALDO, que confirma el cobro de valorización a 180.633 predios en nuestro departamento.

El resto de los 248.656 inmuebles identificados en las 96 mil hectáreas del área de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en el eje vial Cartagena-Barranquilla, 68 mil, se sitúan en La Heroica y en Santa Catalina, Bolívar. Sabemos de sobra que comparten nuestro descontento por la inequitativa contribución que perpetuará la desigualdad regional y nos dejará andando en los rines, al reducir a su mínima expresión el espacio fiscal de las familias y empresas.

No queda duda que el Gobierno Petro está decidido a agravar la durísima crisis económica que nos corre pierna arriba desde hace un tiempo por cuenta del continuo desangre de las finanzas de hogares, pequeños negocios o grandes industrias, derivado del alto costo que pagamos por la energía eléctrica. En vez de entregar resultados concretos en la reducción de las tarifas que nos tienen ahogados, como prometió hace cuatro meses, lo que han preparado con esmero e inusual eficiencia es el regalo envenenado de un gravamen oneroso que nos causará un daño incalculable.

Es tan imprudente e irreflexiva su determinación de proceder con este cobro sin medir las consecuencias para las asfixiadas economías familiares y empresariales que la nueva resolución, luego de un “diagnóstico en territorio” a cargo de la Lonja de Propiedad Raíz, adicionó nuevos predios, 37.628, a la zona de influencia delimitada en Barranquilla, que dicho sea de paso es la más clavada. Son en total 89.168, en 25 sectores, que van desde Siape y Las Flores hasta Alameda del Río, pasando por la zona industrial de la Vía 40 y los corregimientos de La Playa y Juan Mina.

El huracán que supone esta contribución, aunque más bien habría que llamarla ‘anticontribución’ por el nefasto impacto que causará, arrasará a Puerto Colombia que entra completo: 22.242 predios de 49 barrios, incluidos Salgar y Sabanilla. También a Soledad, donde 36.618 inmuebles fueron demarcados, algunos en sectores en extremo vulnerables, mientras que en Galapa son 11.285; en Juan de Acosta, 7.029; en Tubará, 6.747; en Malambo, 6.551, y en Piojó, 813 predios.

En vista de que la socialización de la medida aún no se ha iniciado ni los recibos han llegado a los predios, eso ocurriría a partir de noviembre en el caso de Bolívar y de enero de 2025 en Atlántico, solo queda hacer proyecciones estimadas de lo que se pagaría sobre la base de la liquidación definida por Invías. Esta se sustenta en tres variables que se computarán: el avalúo comercial del inmueble, circunstancia -a todas luces- insólita porque encarece de forma considerable su valor, su distancia con la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad y la accesibilidad de los inmuebles.

Quienes estén más cerca pagarán mucho más, así de sencillo, lo cual abre interrogantes adicionales en un asunto con exceso de reservas. Entre ellos, cómo tramitarán los ciudadanos más pobres o sin capacidad de pago y los de estratos 1, 2 y 3 sus supuestas exenciones, si el cobro impactará a futuro el valor del predial de estos inmuebles o la base gravable para declarar renta.

Es evidente que las reglas de juego, además establecidas a posteriori de la finalización del contrato de construcción, no son claras ni precisas. Tampoco existe certeza alguna de que el monto a recaudar, $2,3 billones de contraprestación por un supuesto aumento en el valor del suelo que nos dicen generaron las vías, se destine a financiar proyectos de infraestructura en Atlántico y Bolívar. Es absurdo que nos cobren por una obra que no se ha concluido, todavía quedan 60 kilómetros de doble calzada pendientes. Y aún más, ¿cuántas veces tendremos que pagar por ella o es que no lo hacemos cuando sufragamos los peajes, cada vez que nos desplazamos por esas carreteras?

¡Por dónde se mire, esto es un despropósito! No tenemos cómo asumir esta barbaridad, abuso, sinvergüencería, atraco a mano armada, entre otros calificativos que se les vienen a la cabeza a congresistas de la Bancada del Atlántico, representantes gremiales o habitantes de las zonas impactadas, cuando les hablan de la valorización, que ni gusta ni convence. En particular, a quienes debido a su precariedad económica tienen miedo de que les rematen sus casas si no pagan.

Nos empujan al abismo. En el momento más crítico de nuestra economía, somos el conejillo de indias de una valorización considerada retroactiva e inconstitucional que nos esquilmará hasta lo que no tenemos. Seguimos sin entenderlo. Lo único que nos queda es aferrarnos a que por la vía judicial las demandas presentadas salven la patria y conjuren la nueva afrenta de un Gobierno derrochón que pretende cuadrar caja a costillas de la gente del Caribe que está hastiada de ser tan atropellada.

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