mediano plazo, y que ese gas natural sea clave en la transición energética, además de generar ingresos por regalías a las regiones.
Evidentemente es clave y de suma importancia que todo proyecto de gran magnitud y probable alto impacto ambiental cuente con todos los estudios, evaluaciones y consultas previas con las comunidades involucradas en las zonas de desarrollo o de influencia. Es el deber ser y lo que mandan las normas legales. No faltaba más.
Lo que no puede suceder es que las llamadas consultas previas terminen siendo utilizadas, como sucede o ha sucedido en muchos casos, como herramientas políticas o como medio de presión para la obtención de beneficios por parte de las minorías que reclaman, la mayor parte de las veces con justa causa, la defensa de sus derechos y de su entorno.
En el caso particular de Uchuva 2, el operador del proyecto de exploración –ha explicado Naturgas– lleva 18 años desarrollando sus actividades y en su momento la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP) confirmó la ausencia de comunidades étnicas en el área de influencia, por lo cual no había ninguna afectación, y es justamente esa la razón por la que el mismo Ministerio de Minas determina impugnar el fallo de tutela que “compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos”.
El propio representante de la comunidad indígena de Taganga declaró en entrevistas a medios de comunicación que la comunidad es seminómada y que se moviliza todo el año en la costa del parque Tayrona hasta La Guajira. Y aclaró que el propósito de la tutela es un diálogo intercultural y que no buscan litigios.
Lo cierto es que por cuenta del fallo judicial están en vilo 18 años de gas –han advertido gremios como ACP y Naturgas–, y aumenta la posibilidad de que en 2025 el país tenga que importarlo para cubrir al menos el 12 % de la demanda nacional.
No es posible que Colombia siga dando tumbos y no ofreciendo seguridad jurídica a inversiones como las de Uchuva 2, proyectos serios, que llevan muchos años, con sustentos técnicos y trámites adelantados, y que ahora se frenan en manos de un juez de la república que, quizás haciendo su tarea, seguramente sí, desconoce todo un proceso de años que ya surtió todos los pasos jurídicos y legales para llegar a ser hoy la gran esperanza del país para revertir “la disminución crítica de las reservas de gas natural”. Amén de las implicaciones fiscales que representa parar un desarrollo de la magnitud de Uchuva 2 y todo el Bloque Tayrona de exploración del hidrocarburo clave para la transición energética que pretende el Gobierno nacional.
